La Unión Europea, el Reino Unido y otros países se enfrentan a un nuevo y “inesperado” obstáculo para sus nuevas leyes de verificación de edad en Internet: las VPN. El Parlamento Europeo es consciente de que las VPN se están utilizando cada vez más para eludir los sistemas de verificación de edad implementados en países como Australia, Francia, el Reino Unido y algunos estados de EE. UU. El problema es sencillo: si una web debe verificar la edad de un usuario según su país o jurisdicción, una VPN permite simular otra ubicación y evadir el control.
A principios de año, el European Parliamentary Research Service publicó un documento que señalaba que las VPN no son una herramienta ilegal ni necesariamente problemática. Su función principal es cifrar la conexión, ocultar la dirección IP y proteger la navegación frente a proveedores de Internet, anunciantes, ciberdelincuentes o sistemas de vigilancia. También son esenciales en entornos corporativos para el teletrabajo seguro y en países con censura para acceder a información bloqueada. Sin embargo, las VPN han pasado de ser utilizadas en casos muy concretos y por un nicho de usuarios a prácticamente popularizarse a nivel mundial, especialmente para eludir restricciones nacionales de acceso a contenido para adultos.
El caso británico es el ejemplo más visible. Tras la aplicación de las obligaciones de verificación de edad de la Online Safety Act, el Reino Unido registró millones de comprobaciones adicionales al día para acceder a sitios de contenido para adultos. Todo ello mientras las VPN ascendían en los rankings de aplicaciones populares. En julio de 2025, se informaron de unos 5 millones de controles extra diarios. Paralelamente, cuatro de las cinco aplicaciones gratuitas más descargadas en la App Store británica eran VPNs. Proton, en particular, reportó un aumento del 1.800% en las descargas.
A raíz de esto, ha surgido un nuevo conflicto relacionado con el uso de las VPN. Las VPN son herramientas legítimas de privacidad, seguridad y libertad digital, pero también pueden emplearse para eludir restricciones nacionales. Regularlas para impedir que los menores evadan la verificación de edad implicaría introducir controles sobre servicios que precisamente existen para proteger el anonimato y la privacidad. Por ello, la Unión Europea está trabajando en sistemas de verificación de edad más respetuosos con la privacidad, capaces de confirmar que una persona supera una edad mínima sin revelar su identidad completa. No obstante, estos sistemas también generan dudas técnicas y de seguridad, especialmente si terminan vinculados a billeteras digitales (wallets) o mecanismos de identidad en línea.
El fondo del asunto es que las leyes de edad están chocando con la arquitectura abierta de Internet. Se puede exigir a una web que verifique la edad. También se puede multar a quien no cumpla. Se puede bloquear una página concreta. Pero impedir que un usuario utilice una VPN, Tor, DNS alternativas, mirrors o servicios alojados fuera de la jurisdicción nacional es mucho más complejo. La respuesta regulatoria puede dirigirse en dos sentidos: mejorar los sistemas de verificación con menor exposición de datos, o ampliar el control hacia herramientas de privacidad como las VPN. La segunda vía es la más polémica, ya que transformaría una política de protección infantil en una infraestructura de identificación y control mucho más amplia.
